• Redacción

Necesitamos un defensor del Contribuyente Municipal

*Por MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ

Desde la concepción del estado que nació como una nueva forma de poder político, se ha hecho necesario el sostenimiento del mismo a través de los Impuestos. No obstante, la implantación de los tributos en ocasiones no ha sido la más justa y equilibrada, toda vez que siempre se ha tendido a favorecer a las clases altas y medir con la misma regla a los más necesitados y que debieran tener toda la ayuda del gobierno. Sin embargo, nuestra democracia prevé que todos, ricos y pobres contribuyan al bienestar de la sociedad, pagando los impuestos que se establecen mediante leyes, decretos, ordenanzas y acuerdos municipales.


Lo anterior no ha estado exento de arbitrariedades que cometen los funcionarios encargados de administrar las arcas y para alivianar estas dificultades, sabiamente el congreso nacional creó la figura del Defensor Nacional del Contribuyente y el usuario aduanero, institución que se ha fortalecido en los últimos años, haciendo presencia y acompañando a los contribuyentes que ven vulnerados sus derechos por los excesos que se cometen en contra de un contribuyente o un conglomerado de empresas que ven amenazadas no solo sus finanzas sino su supervivencia misma a consecuencia de esa actitud.


A nivel municipal, se hace perentorio el establecimiento de esta figura, la cual hemos venido reclamando desde hace varios años y a la cual las diferentes administraciones le han prestado oídos sordos. Es bien sabido la utilización de medios anti técnicos para valorar algunos bienes raíces, lo cual ha traído como consecuencia que en algunas ocasiones el avalúo catastral sea más alto que el valor comercial de algunas propiedades, ocasionando que a la hora de enajenarlos, la notaría colija que se está cometiendo fraude contra el estado, haciendo promesas y venta por debajo del avalúo catastral, lo cual, si bien no es prohibido por la Ley, tampoco deja de ser extraño, por lo cual los notarios cobran sus trámites de acuerdo con dicho avalúo, como es lo correcto.


Hablando de Industria y Comercio, la situación no es mejor, ya que a algunos funcionarios en ocasiones se les ocurre cobrar este impuesto a sujetos pasivos no obligados a cumplir con este tributo, tales como empleados, profesionales independientes, amas de casa, arrendadores de bienes propios, agricultores etc.


Es pues imperativo que en la ciudad de Cali, emulando lo que ya se ha hecho en Medellín, se cree esta figura, ojalá pagada con dineros ajenos al erario público, para darle al Defensor del Contribuyente Municipal la verdadera autonomía e independencia que el cargo requiere.

El honorable Concejo Municipal tiene la palabra.




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